Este artículo evalúa la capacidad de las instituciones estatales participativas de políticas de comunicación creadas en este siglo en Argentina, Ecuador, México y Uruguay para enfrentar la captura de las élites políticas y económicas. Con enfoque comparativo, se analiza su formulación legal, su implementación y los resultados a partir de documentos, bibliografía y entrevistas. Los casos seleccionados permiten analizar legislaciones, organismos participativos y procesos políticos diferentes. En función de las variables desagregadas del concepto de participación ciudadana, se evalúan sus niveles de diversidad, incidencia, autonomía y transparencia en la normativa y en su puesta en práctica. Se concluye que los organismos participativos lograron, en ocasiones, limitar la captura de las políticas de comunicación o generar antecedentes valiosos en esa búsqueda. Sin embargo, no consiguieron evitar esta captura por élites económicas y políticas, ni, por lo tanto, modificar de manera sustancial el sistema de comunicación.
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